En medio de un escenario nacional atravesado por recortes, despidos y reformas en organismos públicos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) no queda ajeno a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno Nacional. Ernesto Juan Maletti, director de la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, con sede en Rauch, expresó su preocupación ante una posible modificación en la estructura del Consejo Directivo Nacional, lo que, según afirma, “pone en riesgo la autonomía y el futuro del organismo”.
“Lo que se está intentando es transformar el INTA en un ente mucho más dependiente del Gobierno de turno, restándole independencia técnica y capacidad de decisión a largo plazo. Eso es gravísimo para una institución que genera conocimiento y tecnología para el agro y que necesita continuidad”, sostuvo Maletti.
El INTA Cuenca del Salado tiene sede central en Rauch, pero su influencia se extiende a 24 partidos bonaerenses. Cuenta con oficinas en diez localidades y dos campos experimentales: Colonias Ortiz Basualdo y Colonia Ferrari, además de una chacra experimental integrada mediante un convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia. Su estructura, descentralizada y federal, se enfoca en la investigación aplicada, el trabajo en territorio y el acompañamiento directo al productor rural.
El INTA funciona desde hace más de 70 años bajo un esquema mixto de gestión público-privada. Su Consejo Directivo Nacional, órgano máximo de conducción, está compuesto por diez miembros: tres representantes del Poder Ejecutivo Nacional, dos por universidades nacionales (Agronomía y Veterinaria) y cinco del sector privado, entre ellos Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria.
“Este diseño garantiza una mirada equilibrada, técnica y de largo plazo. El problema es que el Gobierno busca modificar ese equilibrio, dando mayor peso al Estado y, por ende, a intereses coyunturales. Si eso sucede, dejamos de tener una política de Estado para pasar a decisiones sujetas al humor político del momento”, explicó Maletti.
Según el director, el impacto de esta reforma no es solo institucional, sino que afectaría directamente la producción agropecuaria, el desarrollo rural, la innovación tecnológica y la capacitación profesional en todo el país.
En paralelo con esta propuesta de reestructuración, ya comenzaron a evidenciarse las primeras consecuencias en diferentes sedes del INTA. En los últimos días, se concretó el cierre de una Estación Experimental ubicada en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde trabajaban cerca de 100 personas, muchas con más de una década de formación y experiencia.
“Esas personas no solo pierden su empleo, el país pierde capacidades estratégicas. Son técnicos, investigadores y administrativos altamente calificados que se quedan sin un lugar donde aplicar su conocimiento”, alertó Maletti.
En el caso de la Cuenca del Salado, al menos 12 de sus 85 trabajadores se encuentran bajo contratos transitorios, en situación de vulnerabilidad. “Muchos de ellos llevan años en sus puestos. Todos ingresaron por concurso, y todos cumplen funciones clave en territorio, articulando con municipios, colegios profesionales, escuelas agrarias y productores”.
Maletti remarcó la importancia del INTA como generador de ciencia aplicada, en vínculo constante con las universidades, el sistema científico-tecnológico nacional y los actores del entramado agroindustrial.
“Trabajamos en transformar conocimiento en herramientas útiles para el campo, desarrollamos tecnologías que tardan años en consolidarse. No podemos pensar en el agro desde la inmediatez. El impacto de lo que se haga hoy se verá en las próximas generaciones”.
Consultado sobre las razones detrás de estas decisiones, el director fue claro:
“Creo que hay un gran desconocimiento sobre lo que el Estado representa y sobre sus funciones esenciales. No se trata solo de achicar estructuras, sino de comprender qué rol cumple cada institución. La educación, la salud pública, la investigación científica… son funciones indelegables del Estado. Y si se las debilita, se está atentando contra el futuro del país”.
En este contexto, advirtió que las reformas “no pueden ser caprichosas” y que cualquier transformación debe estar acompañada de planificación, evaluación y objetivos claros.
“El INTA no es una carga, es una inversión. Si lo desarmamos, estamos hipotecando el desarrollo rural, la soberanía alimentaria y la capacidad científica del país”.