EL ASESOR LEGAL DEL SINDICATO AFIRMÓ QUE EL NOMBRAMIENTO DE ESPONDABURU PODRÍA CONSIDERARSE “UN ACTO DE CORRUPCIÓN”
El asesor legal del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rauch, Alberto Martín confirmó que la designación de Selva Espondaburu en la planta permanente del Municipio con la categoría mayor del escalafón reviste “irregularidades” que “se pueden revertir” y hasta lo vinculó con un caso de “corrupción”.
El abogado reconoció que uno de los argumentos que utilizó la oposición para cuestionar la incorporación de la funcionaria, el llamado a un concurso público abierto que se establece en el Convenio Colectivo de Trabajo, “puede obviarse” porque se tiene que respetar el procedimiento reglamentado por el Ejecutivo, y al no estar ello explicitado, “el solo nombramiento por parte del Ejecutivo bastaría”.
Sin embargo, alertó sobre otros aspectos que claramente fueron violados en el procedimiento.
Detalló que toda persona que ingrese a la planta permanente del Municipio tiene que tener entre 18 y 50 años, con la excepción de hasta 60 años si previamente tiene antigüedad en ese ámbito laboral, mientras Espondaburu tiene más de 50 años, pero no posee antecedentes previos en el Municipio.
Otro requisito es que el ingreso debe ser en la categoría mínima del escalafón, salvo que se justifique y Martín aseguró que en el Decreto del Gobierno Municipal “no está justificado por qué se le otorgó una categoría mayor”.
El abogado sostuvo que el de Espondaburu es “un nombramiento con irregularidades que se puede revertir” y que podría incluir un “vicio” por lo que puede estar enmarcado en “un acto de desviación de poder”, porque interpreta que “utiliza una facultad que te da la Ley con un sentido distinto… para favorecerte a vos o a un tercero… es un acto de corrupción”.
Martín coincidió con algunas de las críticas que desde la oposición se vertieron con respecto al caso, como por ejemplo que desde el Ejecutivo “armaron los decretos –de designación de Espondaburu en la planta permanente- para que fuera imposible encontrarlos”.
Eso hizo que recién se visibilizaran varios meses después, lo que generó que se vencieran los plazos para cuestionarlos por la vía administrativa.
El abogado relató que queda la alternativa de un reclamo en la Justicia, lo que no está en condiciones de aseverar si se hará.